LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES AUDIOVISUALES

NECESITAMOS SABER
La Ley de Radiodifusión de nuestro país, dictada por la última dictadura militar, lleva ya casi 30 años de vigencia. Una norma que fue funcional a la Doctrina de la Seguridad Nacional y también a las sucesivas políticas neoliberales. No fueron pocas las voces que se alzaron en su contra en todos estos años, desde 1983 a esta parte se presentaron alrededor de 50 proyectos de ley que, en la mayor parte de los casos, durmieron en algún cajón del Congreso o transcurrieron sin pena ni gloria. A partir de algunas reformas, durante el período 1989-1999, en el que se desarrollaron los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem, se relizaron modificaciones a la norma que reconfiguraron el mapa mediático. El alto grado de concentración, el poder casi monopólico de los multimedios y la marginación de las organizaciones sin fines de lucro fueron sus principales características. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol y garantizar la diversidad cultural y el pluralismo.

¿Por qué la ley de Radiodifusión?
Para que la información no quede en manos del libre comercio, porque quedaría en manos de quienes más dinero poseen.
Para que se refleje la realidad. Para que no nos vendan las noticias que quieren y no las que son, para que compremos lo que nos quieren imponer. Desde productos hasta ideas.
Para que no exista monopolio, es decir, que no sólo puedan expresarse y escuchar los que tienen poder, sino todos los ciudadanos.
Con este anteproyecto de ley se obliga a que las producciones nacionales tengan lugar en los medios, así como participación de organizaciones sociales, ONGS, grupos barriales como asambleas, grupos religiosos, instituciones educativas, sindicatos, etc., puedan poseer señal radial.